MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto al jefe del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, del delito de prevaricación por el que había sido condenado a nueve años de inhabilitación administrativa por la demolición de una vivienda en la Cañada Real Galiana en julio de 2022, cuando el propietario se encontraba de vacaciones.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, que estima los recursos de apelación presentados por el funcionario y por el Ayuntamiento de Madrid contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid del 16 de julio de 2025. La resolución revoca la condena y deja sin efecto los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil del Consistorio.
La Sala considera que no concurren los elementos necesarios para apreciar un delito de prevaricación, al no quedar acreditado que el funcionario actuara de forma arbitraria ni con la intención de dictar una resolución injusta a sabiendas. En concreto, entiende que el expediente de cese de uso y desalojo de la construcción se tramitó en el ámbito de las competencias municipales y conforme a las normas administrativas aplicables.
La Sala subraya que el expediente se refería a una infravivienda situada en una parcela de suelo no urbanizable del sector 6 de la Cañada Real, donde no podía existir edificación. La orden de cese de uso y desalojo se dictó en mayo de 2022 y, tras las actuaciones posteriores, el 14 de julio se acordó la demolición inmediata de la construcción.
NUEVE AÑOS DE INHABILITACIÓN
La Audiencia de Madrid condenó a Julio César Santos a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con el urbanismo por un delito de prevaricación administrativa, por autorizar el derribo de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022.
La sentencia absolvió al que fuera comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real entre 2021 y 2023, Markel Gorbea, y declaró al Ayuntamiento de Madrid responsable civil subsidiario.
Los hechos se remontan al 19 de julio de 2022, cuando se demolió la casa de un vecino que llevaba viviendo allí desde 2006 y que se encontraba de vacaciones en Marruecos. El derribo se ejecutó sin que existiera una orden judicial firme y pese a que el afectado había presentado alegaciones contra el procedimiento administrativo abierto para demoler la vivienda.