MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) –

Pensiones dignas, políticas contra la soledad no deseada, atención presencial y humana en las administraciones públicas y la creación de una fiscalía especializada que vele por los derechos de las personas mayores son algunas de las reivindicaciones de organizaciones de mayores de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Al respecto, la Plataforma de Mayores (PMP) ha recordado los datos del INE según los cuales el 21,1% de la población residenciete en España tiene 65 o más años, cifra que se prevé elevar hasta el 25% en 2040. Ante esta circunstancia, la PMP defiende un sistema público de pensiones suficiente, sostenible, solidario y basado en la equidad, que garantice seguridad económica durante toda nuestra vejez.

La organización también urge a reformar el Sistema Nacional de Salud para adecuarlo al envejecimiento, la fragilidad y la cronicidad, empezando por el fortalecimiento de la atención primaria. Proponen además un Plan Nacional de Atención Sanitaria a las personas mayores que garantice la accesibilidad universal y el principio de solidaridad en todo el territorio atención geriátrica especializada, atención a la salud mental, tiempos de espera razonables, atención sanitaria a quienes viven en residencias y una coordinación real entre los sistemas sanitario, social y de cuidados.

Otra de sus reivindicaciones es contar con un sistema de cuidados que permita vivir y envejecer donde la persona desee. En este sentido ha recordado que 142.887 personas seguían esperando para su valoración de la dependencia, con un tiempo medio de tramitación de 314 días, y el 42% de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes. Un derecho que tarda casi un año en hacerse efectivo no está plenamente garantizado, ha recordado la plataforma.

A su juicio, España debe prepararse para la longevidad con una estrategia nacional para la nueva longevidad con nuevos y más sólidos derechos, con financiación, objetivos e indicadores de evaluación, que coordine a todas las administraciones. Además, que impulse una economía justa y participativa que aproveche el talento sénior, flexibilice la transición a la jubilación y evite que la edad sea motivo de exclusión del mercado de trabajo.

También reclama una ley integral de derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores de carácter vinculante y dotada de recursos suficientes y de mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y sancionadores.

Asimismo, exige derechos y políticas específicas para erradicar el edadismo en las instituciones, los servicios públicos y la sanidad, así como viviendas y entornos en los que sea posible envejecer con autonomía.

EXTENSIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN

Otra cuestión que preocupa a los mayores es la extensión de la digitalización de servicios en detrimento de la atención presencial y humana en administraciones públicas, entidades financieras y prestadores de servicios esenciales. Para la PMP, la transformación tecnológica debe facilitar el ejercicio de los derechos y no convertirse en una nueva forma de exclusión.

Reclama, además, la aprobación de la ley de defensa del cliente financiero con carácter prioritario que incluya la creación de la Autoridad Administrativa Financiera que ofrezca un sistema público, gratuito y accesible de resolución de reclamaciones.

Cree también que la soledad no deseada requiere de una política pública estable y cuestionan que envejecer en el medio rural pueda significar menos derechos. La España rural también tiene derecho a una vida más larga y mejor vivida, ha argumentado.

Por su parte, HelpAge International España reclama la creación de una fiscalía especializada que vele por los derechos de las personas mayores y las proteja frente a la violencia y la discriminación, dentro de un paquete de 15 propuestas dirigido a las fuerzas políticas de cara a las elecciones.

En esta línea, ha explicado que, en España, las personas mayores suponen ya más de 10 millones de habitantes, algo más del 20% de la población y ha subrayado que las previsiones apuntan a que las mayores de 65 años superarán el 25% en 2030 y el 35,6% en 2050.

La longevidad no es un problema que haya que resolver, sino una realidad para la que debemos prepararnos mediante políticas públicas adecuadas, subraya la organización, ha apuntado.

CAMBIO DE MIRADA SOBRE LAS PERSONAS MAYORES

Así, la entidad pide un cambio de mirada sobre las personas mayores y medidas integrales para construir una sociedad del bienestar inclusiva para todas las edades, donde envejecer no sea un freno para afrontar la vida con dignidad.

Entre sus propuestas, llama a que España siga participando activamente en el grupo de trabajo de Naciones Unidas para una futura Convención internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.

También apuesta por una Ley integral para los derechos de las personas mayores, con acciones contra el edadismo en todos los ámbitos de las políticas públicas, así como una fiscalía especializada para proteger al colectivo frente a la violencia y la discriminación y garantizar su acceso efectivo a la justicia.

Igualmente, aboga por campañas de sensibilización contra el edadismo y de prevención de abusos y malos tratos. Además, demanda un acuerdo parlamentario para garantizar el Sistema Público de Pensiones, el cumplimiento íntegro del artículo 50 de la Constitución y la revalorización automática según el IPC.

Por otro lado, exige el desarrollo completo de la Ley de Dependencia, con los recursos aprobados recientemente en el Parlamento, así como planes especiales de empleo y servicios de orientación laboral para mayores de 55 años y fórmulas de jubilación flexible voluntaria.

Entre estas medidas también se encuentran desgravaciones fiscales por la contratación privada de cuidados y asistencia personal para rentas no superiores a 100.000 euros anuales; servicios especializados de geriatría y gerontología en todos los hospitales y centros sanitarios públicos; garantizar el derecho a la vivienda; así como un Plan social y cultural de Envejecimiento Activo.

COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA

De la misma manera, solicita una Comisión Interparlamentaria Congreso-Senado y una Comisión Delegada Interministerial sobre longevidad y derechos de las personas mayores.

Además, pide un Plan nacional de inclusión digital con comunidades autónomas y ayuntamientos, que garantice la alfabetización digital de la población mayor de 65 años y el acceso presencial a servicios públicos y bienes esenciales para quienes no usen medios tecnológicos.

Finalmente, propone perspectiva de género y enfoque interseccional en las políticas dirigidas a mayores y presencia de organizaciones de personas mayores en consejos asesores y órganos colegiados de las administraciones.

Por su parte, la iniciativa Soy Mayor, Soy Como Tú –en la que participan Envejecimiento en Red (CSIC), Fundación Grandes Amigos, Fundación Pilares para la Autonomía Personal, HelpAge International España y Matia Fundazioa– ha pedido a los partidos políticos avanzar en la inversión de los cuidados.

En concreto, reclaman al Gobierno que se forme tras las elecciones del 29N que consolide la reciente reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que aumente su financiación de forma sostenida, del 1% actual al 2% del PIB y asegure que estos recursos lleguen a su verdadero destino. También exigen un cambio sociocultural que prestigie los cuidados y que se mejoren las condiciones laborales del sector.